El Defensor del Pueblo emitió en 2020 una advertencia sobre los “numerosos fallos” en el funcionamiento de las pulseras electrónicas, las cuales, lejos de brindar una solución efectiva para las víctimas, terminaban por perjudicarlas aún más. En aquel entonces, la ministra de Igualdad era Carmen Calvo, quien estaba al frente de la cartera cuando se detectaron estas deficiencias en el sistema de control de los brazaletes. A pesar de que desde entonces se han realizado modificaciones en el sistema, los problemas persisten, poniendo en evidencia una situación preocupante en el ámbito de la justicia y la protección de las víctimas.
Estos dispositivos, que en teoría deberían contribuir a garantizar la seguridad de quienes sufren situaciones de violencia, se han convertido en un motivo de preocupación debido a las fallas en su funcionamiento. La falta de fiabilidad en el sistema de control de los brazaletes electrónicos pone en tela de juicio la efectividad de estas medidas como herramienta de protección para las víctimas, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza en torno a su utilización.
Ante la persistencia de los problemas relacionados con las pulseras electrónicas, el caso ha adquirido mayor relevancia con la petición de dimisión de la “incompetente” Ana Redondo, quien se ve envuelta en un escándalo por la gestión de esta situación. La presión para que asuma responsabilidades en este caso se ha intensificado, evidenciando la gravedad de la situación y la necesidad de abordar de forma urgente las deficiencias en el sistema de control de los brazaletes, así como de garantizar la protección efectiva de las víctimas de violencia.
En medio de este escenario, la figura de Carmen Calvo como ministra de Igualdad durante el periodo en que se detectaron los fallos en las pulseras electrónicas cobra relevancia. Su gestión en este asunto es objeto de escrutinio, ya que fue en su mandato que se evidenciaron las deficiencias en el sistema, lo cual plantea interrogantes sobre las medidas tomadas en aquel momento y su impacto en la protección de las víctimas. La necesidad de abordar de manera integral este problema se hace imperativa, con el fin de garantizar un sistema eficaz y seguro que proteja a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
En conclusión, la problemática en torno a los fallos en las pulseras electrónicas destinadas a controlar a agresores en casos de violencia de género continúa siendo motivo de preocupación, evidenciando la necesidad de una revisión a fondo del sistema de control de los brazaletes. La petición de dimisión de Ana Redondo por su gestión en este escándalo y la relevancia de la actuación de la ex ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en este contexto, ponen de manifiesto la urgencia de abordar de manera efectiva las deficiencias existentes para garantizar la protección de las víctimas y mejorar la eficacia de estas medidas de control.