Ayer, en una intensa jornada judicial en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ariel García Furfaro, propietario de un laboratorio farmacéutico involucrado en un escándalo por fentanilo contaminado, declaró durante seis horas frente al juez. En sus declaraciones, García Furfaro lanzó duras acusaciones contra un excolaborador y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), desencadenando un debate candente en el ámbito legal y de la salud pública.
Durante su testimonio, Ariel García Furfaro dejó en claro su postura al señalar que la presencia de fentanilo contaminado en los productos de su laboratorio había llevado a treinta de sus trabajadores al borde del suicidio. Estas impactantes afirmaciones han generado gran conmoción en la opinión pública, poniendo en tela de juicio la responsabilidad de la empresa y sus prácticas internas en relación con la seguridad y calidad de sus productos.
El testimonio de García Furfaro no solo estuvo dirigido a exponer la difícil situación que atraviesa su empresa y sus empleados, sino que también incluyó acusaciones directas hacia un excolaborador, señalándolo como responsable de la introducción del fentanilo contaminado en el proceso de producción. Estas acusaciones han abierto una nueva línea de investigación en el caso, generando incertidumbre sobre la cadena de responsabilidades en torno al escándalo.
Además de apuntar contra su excolaborador, el dueño del laboratorio farmacéutico también dirigió sus críticas hacia la Anmat, cuestionando el rol y las acciones del organismo regulador en la detección y prevención de situaciones como la que actualmente afecta a su empresa. Estas declaraciones ponen en evidencia la tensa relación entre la industria farmacéutica y las autoridades de control, planteando interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y vigilancia en el sector.
El caso del fentanilo contaminado y las declaraciones de Ariel García Furfaro ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata continúan generando repercusiones en el ámbito judicial y social, alimentando el debate sobre la responsabilidad de las empresas, los trabajadores y los organismos de control en la garantía de la seguridad y calidad de los productos farmacéuticos. Mientras tanto, la investigación avanza y se espera que nuevas revelaciones arrojen luz sobre este escandaloso episodio que ha conmocionado a la opinión pública.