El senador y presidente de la comisión de Seguridad Pública, José Pilo Durana, ha levantado una alerta preocupante al informar sobre el ingreso de 120 mil autos “chutos” al año en Bolivia. Durana, perteneciente a la UDI, ha emplazado al Gobierno de Chile a tomar medidas urgentes y efectivas para reforzar los controles en la frontera y evitar que esta práctica ilegal se siga perpetuando. Según el parlamentario, es fundamental destinar más recursos, personal y tecnología para cerrar esta puerta al delito que pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
Durana ha enfatizado la importancia de actuar de manera inmediata frente a esta problemática que afecta no solo a Bolivia, sino también a la región en su conjunto. El ingreso de autos “chutos” no solo representa una violación a las leyes aduaneras, sino que también facilita el accionar del crimen organizado y pone en peligro la integridad de la población. Es por ello que el senador ha instado al Gobierno de Chile a implementar medidas contundentes que permitan combatir esta práctica ilegal de forma eficaz.
El llamado de José Pilo Durana no solo busca generar conciencia sobre la gravedad de la situación, sino que también apunta a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la frontera para evitar la entrada masiva de vehículos irregulares. La lucha contra el contrabando de autos “chutos” requiere de una acción coordinada entre las autoridades pertinentes, así como de la inversión en tecnología y capacitación del personal encargado de resguardar la seguridad en las fronteras.
En este contexto, es fundamental que el Gobierno de Chile tome cartas en el asunto y adopte medidas concretas para prevenir el ingreso de estos vehículos ilegales que representan un peligro latente para la sociedad. La colaboración entre las distintas instituciones y la implementación de políticas efectivas de control aduanero son clave para combatir el comercio ilegal de autos “chutos” y garantizar la seguridad de la población en la región. El desafío está planteado, y es responsabilidad de las autoridades actuar de manera decidida para erradicar esta práctica delictiva.