En un esfuerzo por combatir el delito de extorsión que ha permeado en reclusorios federales y centros penitenciarios de la Ciudad de México, se ha anunciado que la señal telefónica será bloqueada en un total de 14 instalaciones de alta seguridad y 13 penales de la capital mexicana. Esta medida, que entrará en vigor para el primer trimestre de 2026, busca disminuir la comunicación entre internos y posibles cómplices externos que perpetúan actividades ilícitas desde el interior de dichas instituciones.
El responsable de este anuncio es el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha destacado la importancia de esta acción para frenar el flujo de extorsiones que se gestan desde los reclusorios. García Harfuch señaló que el bloqueo de la señal telefónica representa un paso crucial en la estrategia integral de combate a la delincuencia, particularmente en un contexto donde el uso de dispositivos móviles se ha convertido en una herramienta fundamental para la comisión de diversos ilícitos.
La implementación de esta medida en los reclusorios federales y centros penitenciarios de la Ciudad de México responde a la necesidad de fortalecer la seguridad tanto dentro como fuera de estas instalaciones, evitando que las redes de extorsión continúen operando con impunidad. Con el bloqueo de la señal telefónica, se busca reducir la capacidad de los internos para coordinar acciones delictivas y ejercer presión sobre la población fuera de los muros de las prisiones.
Esta decisión, aunque contundente, plantea también desafíos en términos de garantizar la comunicación legítima y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Es fundamental que las autoridades implementen medidas paralelas para asegurar que los reclusos puedan mantener contacto con sus familias y abogados de manera adecuada, sin que la restricción de la señal telefónica se convierta en un obstáculo para el ejercicio de sus derechos fundamentales.
En resumen, el bloqueo de la señal telefónica en los reclusorios federales y penales de la Ciudad de México, anunciado por Omar García Harfuch, representa un paso significativo en la lucha contra la extorsión y otros delitos perpetrados desde el interior de dichas instituciones. Esta medida, que entrará en vigor en el primer trimestre de 2026, busca debilitar las redes criminales que operan desde el sistema penitenciario, aunque con el reto de garantizar el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad en el proceso.