En la actualidad, la utilización de algoritmos para la toma de decisiones en diversos ámbitos de la sociedad ha suscitado un debate creciente en torno a la discriminación algorítmica. Este fenómeno se manifiesta en situaciones cruciales, como la asignación de ayuda de vivienda, la aprobación de hipotecas, la concesión del bono social, la priorización en pruebas médicas, la protección a víctimas de violencia de género y la admisión de estudiantes a programas académicos de grado universitario. Dichos algoritmos, si no son diseñados con un enfoque ético y transparente, pueden perpetuar sesgos y desigualdades en la sociedad.
Uno de los aspectos más preocupantes de la discriminación algorítmica es su impacto en la asignación de ayuda de vivienda. Los algoritmos utilizados en este contexto pueden basarse en variables que reflejen injusticias históricas, como la segregación residencial o la discriminación en el acceso al crédito. Esto puede resultar en la exclusión de personas y comunidades vulnerables que realmente necesitan asistencia para acceder a una vivienda digna, perpetuando así la desigualdad social.
En el ámbito de las hipotecas, la discriminación algorítmica puede manifestarse en la aprobación o denegación de préstamos en función de criterios automatizados que no tienen en cuenta situaciones individuales o contextos específicos. Esto puede llevar a que personas con capacidades económicas similares reciban tratos diferentes debido a sesgos incorporados en el algoritmo, lo que resulta en una injusticia financiera.
La concesión del bono social, destinado a garantizar el acceso a la energía a los hogares en situación de vulnerabilidad, también puede verse afectada por la discriminación algorítmica. Si los criterios para acceder a este beneficio se basan en variables que reflejan desigualdades preexistentes, se corre el riesgo de que aquellas personas que más lo necesitan sean excluidas injustamente, perpetuando así la pobreza energética y la exclusión social.
En definitiva, es crucial que las instituciones y empresas que utilizan algoritmos en la toma de decisiones en ámbitos como la asignación de ayuda de vivienda, la aprobación de hipotecas, la concesión del bono social, la priorización en pruebas médicas, la protección a víctimas de violencia de género y la admisión de estudiantes a programas académicos de grado universitario, garanticen que estos algoritmos sean transparentes, éticos y libres de sesgos para evitar la discriminación y promover la justicia social.